Dos visiones sobre la reforma de la caja militar y sus repercusiones

El coronel retirado Rivera Elgue, coordinador del equipo de análisis de la seguridad social militar, y el doctor en Economía, Gonzalo Zunino, coordinador del observatorio de seguridad social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), intercambiaron posturas al respecto en Así nos va.

A fines del mes de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, más conocida como caja militar, únicamente con votos del Frente Amplio. El texto, que se encuentra a discusión de la Cámara de Representantes, establece como causal de retiro voluntario los sesenta años de edad con un mínimo de treinta años de servicios computados, y un monto máximo de retiro de $ 110.238, mientras que el mínimo será el equivalente al que establezca el Poder Ejecutivo para las jubilaciones servidas por el Banco de Previsión Social.

“Es fundamental empezar a pensar el proceso de reforma de los servicios militares porque tiene un déficit muy importante. En 2017 las transferencias del gobierno central para el servicio de jubilaciones militares fue de 550 millones de dólares, casi un punto del PBI”, dijo Zunino y agregó: “El régimen de jubilaciones militares tenía algunas características bastante más favorables que el régimen general de BPS y en cierto sentido la reforma que se plantea aproxima las condiciones de los retiros militares a este régimen, lo que también genera una especie de equidad entre los distintos servicios que sería algo deseable que se fuera generando a nivel de todo el sistema de seguridad social”. El coordinador del observatorio de seguridad social de Cinve consideró que en grandes lineas la propuesta va en un sentido adecuado y dijo que de todas formas “va a ser una reforma insuficiente”, porque “problema grande de déficit de los servicios militares no se va a terminar de solucionar con esta reforma pero es un paso que podría aliviar la presión fiscal de aquí a unas décadas en adelante”.

En tanto, Elgue señaló que el sistema de retiro y las leyes vigentes que generan las pasividades
no se establecieron con una visión actuarial sino con una visión de retención del capital humano: “Cuando se toman ese tipo de medidas políticas se tiene que entender que muchas veces lo que se busca es mantener la inversión que realizó el Estado en mantener ese capital humano en as filas hasta el retiro obligatorio”. Además dijo que se trata de “un colectivo que no tiene la misma protección social que el resto de los trabajadores, no tiene ocho horas ni un régimen semanal horario establecido, no cobra horas extras, nocturnidad, ni presentismo, y tiene un régimen disciplinario y un marco legal totalmente diferente al resto de los trabajadores”.

Por su parte, Zunino indicó que de aprobarse la reforma no habrá un “cambio inmediato en las cuentas públicas” porque “es una reforma que se aplica de forma suavizada”: “Las personas que tienen causal jubilatorio o más de 15 años de aportes se van a poder retirar por el régimen actual, entones en un tamo de 5 o 6 años no se espera que esto tenga ningún tipo de impacto. Luego hay una fase de transición donde hay un régimen intermedio entre lo que se está aprobando y la situación actual, con lo cual la reforma no va a impactar de lleno en las personas que tienen más de 10 años de aportes. Recién los que tienen menos de 10 años de aporte se van a retirar por este régimen”, explicó el economista. “Las estimaciones son crecientes y va a superar el punto del PBI de transferencias, posiblemente cuando esto empiece a operar se vuelva a una trayectoria levemente descendiente pero las trayectorias van a seguir siendo importantes y crecientes de aquí a unos años porque la reforma no se aplica de forma inmediata”, sostuvo Zunino.

“De acuerdo a los parámetros de nuestras tasas de mortalidad podemos determinar que para el año 2035 vamos a tener 33 mil pasivos, lo que determina una reducción importante en la transferencia de recursos”, señaló Elgue, y acotó: “Por eso entendemos que no es necesario ser sumamente duros en este tipo de medidas que van a afectar la operatividad de las Fuerzas Armadas”. Además el coronel retirado sostuvo que de la forma en que está planteada la reforma afectaría a 18 mil efectivos, que representan el 67% del total y señaló que afecta de distinta forma a todos los que están amparados por el Servicio de Retiros.

Según el coordinador del equipo de análisis de la seguridad social militar hay más de dos mil efectivos que ingresaron siendo mayores de 26 años y tienen menos de 10 años de servicio en un total de 27 mil integrantes de las Fuerzas Armadas: “A esos dos mil le dicen que no tienen ninguna perspectiva de evolución y que no van a tener un retiro”, sostuvo. En este sentido Zunino dijo que “alguien que hizo carrera militar y sale a los 48 años probablemente no se jubile por otro subsistema” y agregó que “es una proporción menor pero es un punto en el que se podría trabajar para buscar una solución”. “Sería un tema a solucionar, creo que en lo demás la reforma va en las lineas adecuadas”, acotó el economista.

“Hay que ser conscientes de que si lo que voy aportando durante algunos años no es suficiente para solventar mi jubilación existe un subsidio del resto de la sociedad hacia el jubilado. Llega un punto en que puede ser cuestionable el monto de ese subsidio”, dijo Zunino y agregó: “Un sistema social desajustado implica transferencias de la sociedad a distintos grupos (…) cuando las transferencias son demasiado elevadas y crecientes las reformas se hacen necesarias”. “Es importante que se discuta e identifiquen potenciales situaciones que podrían ser injustas pero hay que avanzar en este sentido”, concluyó el coordinador del observatorio de seguridad social del Cinve.

“La mayoría de nuestros reclamos no son para mantener privilegios, sino para que no se afecte a los que cobran menos en actividad”, subrayó Elgue. Consultado sobre las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sobre este tema el coronel retirado dijo que “se podrían haber evitado si los comandantes podrían haber concurrido a la Comisión de Seguridad Social del Senado a exponer sus puntos de vista” y agregó: “Se habla de inclusión y diálogo pero se impide a los directamente involucrados concurrir al Parlamento a dar su opinión”.

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