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Así nos va / interes general / 9 julio, 2019

Almagro sobre juicio del Plan Cóndor: «Si todos hubieran seguido el ejemplo del Estado uruguayo de no apelar no había sentencia de segunda instancia»

Foto: Carla Colman / Así nos va


La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de la desaparición y muerte de 23 italianos en el marco del Plan Cóndor.

Entre los condenados hay trece exmilitares uruguayos: José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebe, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Jorge Tróccoli, Gilberto Vázquez y Ricardo Chávez.

Luis Almagro, excanciller uruguayo y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo a Así nos va que el Estado uruguayo incurrió en una «omisión por demás grave» al no apelar la sentencia en primera instancia y presentó pruebas «redundantes».

Almagro: Significa un hito muy importante en la lucha contra la impunidad, por la verdad, la memoria y la justicia y la no repetición. Definitivamente forma parte de lo más importante. Nunca entendí, y es una de mis diferencias fundamentales con el Estado uruguayo, por qué no apeló la sentencia de primera instancia que declaraba inocentes a los militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor. La sentencia es una sentencia de apelación, es decir que se debe a los que apelaron, no a los que omitieron hacerlo como el Estado uruguayo que se limitó a presentar documentos redundantes que no innovaron absolutamente en nada a los efectos de la sentencia, lo dijo la propia fiscal Tiziana Cugini con claridad, que tanto el secuestro como la desaparición forzada y los homicidios habían sido probados en primera instancia; entonces la sentencia fue el resultado de 20 años de trabajo y de las investigaciones de la Fiscalía, no de la participación marginal de Toma o de Guianza.

Los documentos que se agregaron eran absolutamente redundantes, como el legajo de Tróccoli que permite probar su participación activa en operaciones durante el año 66’ que estaba en el expediente en manos de la Justicia italiana desde el año 2013, las sentencias de los acusados que -vaya casualidad- fueron presentadas por la defensa de los militares para evitar que se dictara doble sentencia y salir indemne del juicio por un principio básico que los abogados conocemos bien, que es el ‘nos bis is idem’, que no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa, por eso fueron dejados fuera del expediente principal, porque los favorecía. Faltaba a la verdad y la coherencia afirmar que la participación de Tróccoli en operativos en Argentina y el propio Plan Cóndor se probaron por las investigaciones del SID al Partido Comunista uruguayo en Argentina, eso está probado desde el principio en el legajo del señor Tróccoli en el que el jefe de FUSNA en el año 76, Carlos Guianze, lo promueve a S-2; fue la propia estructura la que organizó esos operativos, no sé por qué se abrió ese punto cuando lo importante era probar que Tróccoli no estaba haciendo cursos en Argentina sino torturando. Se incluyó un documento de renovación del pasaporte de Tróccoli para participar de cursos, lo cual desviaba esa demostración. Se abrió cosas como que el Estado uruguayo fue aceptado como parte civil por el Plan Cóndor y logró la apertura del juicio contra Tróccoli gracias a gestiones de la Cancillería entre los años 2013 y 2014.

Ya estoy hecho a la mezquindad pero hubo gente que trabajó mucho para que esto ocurriera, fundamentalmente Galiani y la que era la jefa de gabinete entonces, Cecilia Otheguy. Fue Fabio Galiani quien presentó miles de hojas de documentos probatorios que de acuerdo a la Fiscalía son los que fueron decisivos en este momento.

Así nos va: Usted lo que nos está queriendo transmitir es que no quiere que la opinión pública se quede con alguna idea de que esta administración y la participación encabezada por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, se lleva la cocarda del resultado de este juicio.

Almagro: No es un tema de cocarda, es un tema de responsabilidad. El Estado uruguayo no apeló. Es una omisión por demás grave contraria a los principios de actuación pública, no se apeló una sentencia absolutoria de militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor. El paralelismo tiene con el caso del mismo secretario de la Presidencia de omisión ante la memoria de los desaparecidos, omisión en actuar a partir de las recomendaciones recibidas del entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a quien lamentablemente luego se pretendió enchastrar con la responsabilidad, siendo que el Tribuna del Honor Militar cumplió con el deber de elevar al actuación, el alto mando militar cumplió con su deber de elevar la actuación, el ministro de Defensa cumplió con su deber de elevar la actuación, y hubo un momento en que eso se detuvo.

Imagínese la responsabilidad ante las víctimas incluso. Si la Fiscalía italiana no apela, los familiares no apelan, y todos hubieran seguido el ejemplo del Estado uruguayo de no apelar definitivamente no había sentencia de segunda instancia.

Así nos va: ¿Usted pudo hablar con alguien vinculado con el gobierno en ese momento para determinar por qué Uruguay adoptaba esa posición como Estado?

Almagro: En algunos momentos recibí comunicaciones directas del abogado Galiani que no entendía por qué se estaba haciendo eso. Ese fue el llamador de esta historia.

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