Cuatro plantas de OSE deberán implementar planes de seguridad en 2019 para garantizar calidad del agua potable
Fernando Menéndez, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) por la oposición, aseguró a Así nos va que para fines de este año cuatro plantas de OSE deberán implementar protocolos de seguridad para garantizar la calidad del agua potable: Mantevideo, Paysandú, Laguna del Cisne y Laguna del Sauce. “De haber tenido ese protocolo un suceso como [el de Laguna del Cisne] no se hubiera dado”, sostuvo.
“La Ursea en conjunto con OSE han programado un plan de seguridad para cada una de estas usinas y sistemas de potabilización de agua que tiene que ajustarse a las particularidades de la fuente de agua (…) Básicamente para que el agua sea potable, apta para el consumo humano”, señaló Menéndez y agregó: “Estos planes de seguridad van a exigir a OSE readecuar el funcionamiento de las plantas”.
A fines de febrero un error técnico y la falta de mantenimiento de la planta de Laguna del Cisne, sumadas a la poca pericia de un operario, determinaron que se vertiera más soda cáustica de la necesaria en el agua. Como consecuencia, al menos 10 personas sufrieron heridas leves en la cara y en la espalda debido al contacto con la soda cáustica mientras se bañaban. Menéndez aseguró que el plan de seguridad para esta planta “tiene que estar operativo y pronto en este 2019” y es “una de las prioridades” de la Ursea. “De haber tenido este protocolo un suceso como este no se hubiera dado”, dijo el director del organismo y agregó que “no es cuestión de un evento humano puntual solamente”.
Además de la planta de Laguna del Cisne está previsto que para 2020 estén operativos los planes de seguridad para Montevideo, Paysandú y Laguna del Sauce.
“Hay un control que se cumple por parte de la Ursea, las empresas prestadoras de servicios lo saben y lo sienten”, dijo Menéndez y acotó: “Quizás falta un conocimiento mayor por arte de la población de que la Ursea es una herramienta válida para hacer ejercer sus derechos”. Según el director, en 2018 se registró una aumento de alrededor de 30% de reclamos por parte de los usuarios.
La unidad reguladora depende del Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esto, para Menéndez, es una “limitante jurídica” porque en caso de que los prestadores de servicios presenten un recurso “el recurso termina en el mismo que avala las cosas y ahí hay una trampa en el sistema”. “Estoy convencido que la Ursea no debería institucionalmente estar ubicada en el lugar que está. Debería tener una autonomía mayor, hoy tiene autonomía técnica”, sostuvo.
