AL AIRE

ESCUCHANOS EN VIVO

Así nos va / interes general / 11 febrero, 2019

Rehabilitación en cárceles: una organización elegida sin licitación recibió US$80.000 en 2018


Por Patricia Madrid y Viviana Ruggiero

¿De qué hablamos cuando hablamos de la “rehabilitación” de las personas privadas de libertad en Uruguay? ¿Izar una bandera y cantar el himno todas las mañanas, como propuso la senadora Verónica Alonso, es “rehabilitación”? ¿Trabajar como mano de obra en proyectos públicos es “rehabilitación”? ¿Tomar clases de música, hacer un taller de radio, practicar deportes, es “rehabilitación”? ¿Socializar con el exterior, vía un teléfono celular, promueve la “rehabilitación”? ¿Acceder al sistema educativo es una forma de rehabilitarse?

El cómo los presos se reinsertan en la sociedad una vez que cumplen su pena tras las rejas ha estado en el debate público en los últimos años. Surge con cada informe que se hace reportando el estado de situación de las cárceles, y ante cada noticia de enfrentamiento entre los presos. Pero a ciencia cierta, no está claro cuál es el modelo de “rehabilitación” que se pretende llevar adelante por parte del Estado uruguayo -que tiene bajo su tutela a los privados de libertad- para que haya una efectiva reinserción social.

De acuerdo al estudio “Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay” -desarrollado por Ceres y el Banco de Desarrollo de América Latina, y presentado en 2017- para conocer los gastos e inversiones que ha hecho Uruguay en materia de rehabilitación carcelaria es necesario hacer foco en las erogaciones del Ministerio del Interior destinadas a la ejecución del programa 461, Gestión de la Privación de Libertad. El grupo de trabajo encabezado por el excomisionado parlamentario, Álvaro Garcé, analizó los gastos a partir del 2010 dado que fue el año en el cual se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En 2010 se hizo una inversión de unos 30 millones de dólares que representó la mitad del total de erogaciones de ese año, mientras que para el resto de los años, las inversiones representaron en promedio un 20% del total de gastos. Según el Informe Cualitativo de Gestión de la Rendición de Cuentas de 2010, en ese año se emprendieron proyectos de infraestructura que buscaban disminuir el déficit de plazas y mejorar el sistema de capacitación de reclusos para su posterior inserción en la sociedad. Dentro de las inversiones relevantes estuvieron la refacción de un local arrendado para la Cárcel “El Molino”, la construcción de la Cárcel de Punta de Rieles, así como también las obras para aumentar el número de módulos en Santiago Vázquez, Libertad, Rivera y Maldonado.

En el año 2011, la inversión cayó un 53% respecto al año anterior pasando a representar 18% del total de erogaciones de ese año. En 2012 se invirtió un 22% más que en el 2011, y en el 2013 un 10% más que en el año 2012. El quiebre de esa tendencia creciente –advierten los técnicos en el estudio- “aparece en 2014 donde, a pesar de que el total de gastos aumentó levemente, las inversiones cayeron un 47% respecto al año anterior”.

En 2011 se estableció un Compromiso de Gestión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, en el cual se detalló todos los objetivos que la cartera se comprometió a cumplir en materia penitenciaria. Una de las metas del compromiso de gestión fue la de desarrollar actividades que promuevan la incorporación de habilidades y competencias para la inclusión social de la población carcelaria.
El indicador para medir el desempeño en esta temática se define como la cantidad de reclusos que trabajan, realizan actividades educativas, socioculturales y/o deportivas como porcentaje del total de reclusos. En los años 2013 y 2014 el Ministerio del Interior informó que un 66% de los internos realizaban tareas y/o estudiaban, guarismo que no coincide con lo apreciado por el Comisionado Parlamentario en 2013. Esa oficina señaló que menos de un 40% de la población privada de libertad trabajaba dentro de la cárcel y un 13% estudiaba y trabajaba

De acuerdo al informe presentado en 2017, “el sistema penitenciario uruguayo no es capaz de proveer a los presos de las destrezas y los patrones de conducta necesarios para no volver a incurrir en delitos”. Y las cifras dan cuenta de ello: menos de la mitad de los reclusos trabaja (apenas uno de cada diez trabaja y estudia), mientras que dos tercios es reincidente.

Con este marco de fondo llegó a trabajar en 2018 al centro penitenciario de Santiago Vázquez (exComcar) el proyecto Nada crece a la sombra, integrado –según contestó el Ministerio del Interior a Así Nos Va vía un pedido de acceso a la información- por “profesionales en distintas áreas cuyas trayectorias profesionales demuestran idoneidad y formación para las tareas asumidas: sociólogos, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, educadores sociales, gestores culturales, comunicadores, jugadores de fútbol, profesores de educación física, entre otros”.

¿Nada crece a la sombra empezó a funcionar tras un llamado a licitación por parte del Ministerio del Interior? NO ¿Llegó tras haberse presentado a un fondo concursable? NO ¿Compitió con alguna otra organización civil interesada en brindar espacios de recreación y taller a los privados de libertad? NO. Las autoridades del Ministerio del Interior lo resolvieron de forma absolutamente arbitraria y discrecional.

Así fue que bajo la modalidad de contrato zafral, de seis meses de duración y con una prórroga por otros seis meses más, 10 personas integrantes de Nada crece a la sombra fueron contratadas para trabajar con reclusos de los módulos 4, 8 y 10. Cada uno percibió, desde enero de 2018, un salario de 20 mil pesos nominales por ir tres veces por semana al Comcar. Lo extraño es que al Comcar empezaron a asistir en Abril de 21018, según pudo saber Así Nos Va.

Según dijo el Ministerio del Interior a Así Nos Va, la organización trabajó con una población de 175 reclusos en tres espacios de taller -RAP, fútbol y radio. Estos talleres estuvieron “orientados a la promoción de herramientas para el desarrollo y la potencialización de habilidades sociales de las personas privadas de libertad”. Además de la asistencia al centro penitenciario, los talleristas trabajaron “extramuros en la planificación, seguimiento de casos y coordinaciones”, explicó en su respuesta el Ministerio del Interior.

¿Cuál fue la evaluación del Ministerio del Interior respecto a este proyecto en el cual se invirtió unos 80 mil dólares? Según respondió la cartera, la evaluación “está planificada para el final de la intervención” aunque “durante el proceso se realizaron reuniones a partir de las cuales se realizaron ajustes a nivel de planificación, conformación de los grupos y a los lineamientos institucionales.

Escuche el informe completo:

Copyright © 2015 - Carve 850 | 2902 6162 - 2902 6163 | Mercedes 973 | Montevideo - Uruguay - contacto@sadrep.com.uy
En cumplimiento del Decreto N° 387/2011, del Poder Ejecutivo se comunica que SADREP, es una empresa integrada por Martín Olaverry y Milton Duhalde.