Justicia resolvió catalogar como “secretos” por 15 años gastos de Cancillería en embajadas

La decisión se tomó a pesar de una resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública que sugirió brindar la información

El jueves 19 de julio, el Tribunal de Apelaciones de 5° turno, compuesto por los ministros Luis María Simón, María Esther Gradín y Loreley Beatriz Pera, confirmó por unanimidad una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo de 1° turno, Gabriel Ohanian, que declaró de carácter reservado, por el plazo máximo de 15 años, “toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión realizados en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esa Secretaría de Estado” porque consideró que la divulgación de la información “aparejaría un daño al interés de las negociaciones y las relaciones internacionales”.

La decisión se tomó pese a un informe de Rosario Ierardo, asesora letrada de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) -oficina dependiente de Presidencia de la República- y posteriormente ratificado por la abogada Graciela Romero, también de la UAIP, que sugirió “exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores a brindar acceso a los gastos asociados a cada una de las representaciones diplomáticas durante el período solicitado” por considerar que “no se visualiza en la resolución enviada un daño al interés jurídico por lo que se sugiere recomendar no clasificar la información como reservada”.

El 3 de enero, el periodista de Así nos va Santiago Soravilla presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud de acceso a la información pública, amparado en la ley 18.381, en la que solicitó saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera con el siguiente detalle: salarios, equipamiento (mobiliario, gastos de oficina, etcétera), vehículos y otros gastos de representación que estén bajo el ítem compensaciones adicionales.

El 15 de enero, la Cancillería contestó el pedido brindando los gastos globales pero sin especificar el gasto en cada una de ellas, tal como se había sido solicitado. En la respuesta de la cartera dirigida por Rodolfo Nin Novoa se señaló que los gastos por contrataciones, oficina, mantenimiento, etiqueta, ayudas de vivienda y arrendamiento fueron de incrementándose año a año: de 27.640 dólares en 2010 se pasó a 38.000 dólares en 2017. Es decir, un total de más de 265 mil dólares en los siete años.

Posteriormente, el 25 de enero el periodista volvió a reiterar el pedido aclarando que el objetivo “es que en la información se detalle el gasto en cada una de las embajadas y no el monto total destinado a todas ellas”.

Este pedido fue respondido casi una semana después, el 31 de enero, y allí la Cancillería resolvió declarar “de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años, toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión, realizada en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esta secretaría de Estado”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se amparó en el argumento de que la difusión de la información podría “menoscabar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales” ya que expondría “un aspecto sensible de la estructura del Servicio Exterior Uruguayo, que divulgado aparejaría un daño al interés de las negociaciones y relaciones internacionales, lo cual repercutiría en aspectos perjudiciales para las relaciones bilaterales o multilaterales del país”.

Además, remitió la resolución a la UAIP, la Unidad dependiente de Presidencia. Es importante señalar que la UAIP puede asesorar y recomendar a los organismos a brindar la información, pero el cumplimiento de sus resoluciones no es de carácter obligatorio.

En su primer informe, fechado el 5 de febrero, la asesora letrada de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Rosario Ierardo, señaló que la Cancillería no realizó una “prueba de daño” solo indicó que era un “aspecto sensible de la estructura del Servicio Exterior Uruguayo” y que el mismo “a priori se aprecia”. Además recordó que para la UAIP “las reservas genéricas son contrarias a derecho” tal como ha establecido en otras resoluciones.

Luego, el 12 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores contestó a la UAIP argumentando que de conocerse la información “aparejaría la posibilidad de que los Estados receptores pudieran comparar nuestros gastos entre ellas, sacando a partir de allí conclusiones sesgadas y parciales respecto a nuestras prioridades e intereses de política exterior, pudiendo por tanto, menoscabar la conducción de la misma”.

Y el texto firmado por el director general de Secretaría, Carlos Amorín, agrega: “Para decirlo en los términos más claros posibles: si entre todos los países con los cuales Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y consulares, se invirtieran en el país A US$ 200 mil mensuales, y en el país B, US$ 50 mil, y esta información se conociera, las autoridades del país B podrían pensar que nuestra política exterior se encuentra más orientada hacia A, en detrimento de su país. Por su lado, las autoridades del país A podrían pensar que los gastos no son equivalentes, pues ellos invierten US$ 400 mil en nuestro país, y así sucesivamente, con diversas complejidades, visiones, equilibrios y señales políticas que pueden y deben entrar en consideración”.

Ante esta respuesta, el 22 de marzo la doctora Graciela Romero de la UAIP elaboró un nuevo informe en el que señaló -en sintonía con Rosario Ierardo- que “el daño no aparece como algo claro, probable y razonable” y que además, “siguiendo el razonamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que podría eventualmente llegar a causar un daño al interés protegido sería que se divulgaran los gastos anuales o inversiones totales de cada representación”.

La abogada también manifestó que “si por el contrario se brinda acceso a la información sobre salarios, gastos de equipamiento, gastos de representación y vehículos relacionados a cada representación pero en forma desglosada por cada ítem, no se advierte tal peligro o daño eventual porque en definitiva no evidencia el monto total que invierte el país en cada representación. Esta forma de dar publicidad se condice además con las obligaciones de transparencia activa y no supone un probable conflicto diplomático”.

Por estos motivos, Romero sugiere exhortar a Cancillería a brindar acceso a los gastos asociados a cada una de las representaciones diplomáticas durante el período solicitado.

La Cancillería contestó a través del ministro Rodolfo Nin Novoa el 4 de mayo. Allí, Nin Novoa señaló que las “relaciones diplomáticas no dejan de ser relaciones en las que intervienen factores humanos: simpatías, celos, amistad, enemistad, intereses comunes, intereses divergentes, empatía, etcétera, potenciados por coyunturas y factores políticos, económicos, geográficos y diferencias culturales. De allí la necesaria discreción en el manejo de información sensible como lo es a nuestro entender el desglose concreto, caso a caso, del gasto anual en cada representación diplomática. Dar a conocer esta información podría dar señales -reales o equivocadas- que puedan herir la sensibilidad de los países con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas”.

Luego, el secretario de Estado brindó ejemplos sobre por qué conviene reservar la información. “Que Uruguay gaste el doble o el triple en su misión diplomática en un país respecto a otro de la misma región, ¿significa que ese país es “prioritario”, o simplemente que es más caro? Que una representación tenga un gasto sustantivo en equipamientos y personal de seguridad, mientras que en otras ese rubro es “0”, ¿significa que Uruguay no confía en la seguridad brindada por el primero de estos Estados pero sí por los otros?” y por estas razones exhorta a la UAIP a “concordar con las razones esgrimidas sin realizar observaciones”.

Tras intentar obtener la información por esta vía, el equipo de Así nos va decidió explorar la otra alternativa y asistidos por estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que encabeza el abogado Juan Ceretta, se presentó ante el Juzgado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, cuyo juez es Gabriel Ohanian.

Allí, tras varias audiencias, el 29 de mayo Ohanian resolvió desestimar la demanda presentada por Así nos va argumentando que “el entramado de relaciones internacionales de un Estado es muy complejo y evidentemente si cobra estado público en qué representaciones el país hace mayores esfuerzos presupuestales, ese dato tiene aptitud para desnudar las tácticas de inserción de nuestra nación en el mundo”.

Para el juez resultó “esclarecedor” el testimonio del director general para Asuntos Políticos de la Cancillería, Raúl Pollak, quien declaró ante la Justicia que “la asignación de recursos tiene relación directa con el interés que tenemos en desarrollar tal o cual acción o profundizarla… los países siempre observan qué hacen los demás en este terreno, una de las máximas ventajas de la diplomacia, en la negociación en todo terreno es el secreto”.

Además, Ohanian consideró que “no es razonable exigirle al Estado que acredite como hecho impeditivo de la pretensión un daño que aún no se ha producido, una prueba diabólica porque la lesión -que eventualmente se produciría con razonable certeza- ocurriría en el futuro, en caso de accederse a la demanda”.

Así nos va apeló la resolución pero el jueves 19 de julio, el Tribunal de Apelaciones de 5° turno, compuesto por los ministros Luis María Simón, María Esther Gradín y Loreley Beatriz Pera, confirmó por unanimidad la sentencia de Ohanian.